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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Panamá cede su asiento a Alicia Machado para que hable ante consejo permanente de la OEA

El embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Vallarino, dijo hoy que prevé ceder el viernes su asiento en el Consejo Permanente del organismo a la diputada opositora venezolana María Corina Machado para que hable sobre las protestas que vive Venezuela.

En una entrevista telefónica con Efe, Vallarino explicó que hoy se decidió en una reunión de coordinación de grupos de embajadores de la OEA convocar una sesión ordinaria del Consejo Permanente para el viernes, e incluir entre los temas a debatir "la situación de Venezuela y la solicitud de Panamá para que se escuche a la diputada María Corina Machado".

"Hay bastante resistencia para permitir que la diputada intervenga en el Consejo, y es lo más probable que sea negado este punto del orden del día" en la votación que los embajadores hacen al inicio de cada sesión para aprobar la agenda del día, reconoció.

"Si se le negara eso, Panamá ha manifestado estar dispuesta a cederle su silla, para que cuando llegue el momento de otros asuntos, la diputada pueda dirigirse al pleno del Consejo Permanente", agregó Vallarino.

El viaje de Machado a Washington para participar en la sesión la ha obligado a "reprogramar" su visita a Panamá, que estaba prevista para este jueves, pero que ha decidido posponer debido a que se esperaba que la reunión en la OEA fuera el miércoles, pero finalmente se ha convocado para el viernes, explicó Vallarino.

EE.UU. y Canadá han expresado su apoyo a la iniciativa de Panamá para traer a Machado ante el Consejo, mientras que Perú se mostró a favor de "dar seguimiento al tema de Venezuela en la OEA" más allá de la sesión extraordinaria dedicada al asunto el 6 y 7 de marzo, según Vallarino.

"Otros (países) no se opusieron, pero tímidamente dijeron que mejor era esperar a más adelante, porque el diálogo es una cosa lenta y que debíamos ver los resultados de (la misión de) Unasur para después tomar algún tipo de acción", dijo.

Vallarino se refería a la decisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) de enviar en abril una misión de cancilleres a Venezuela para asesorar al Gobierno de Maduro en un diálogo para solucionar la tensión que desde hace un mes ha dejado cerca de 30 muertos, cientos de heridos y más de un millar de detenidos.

La misión de Panamá ante la OEA propuso formalmente el pasado viernes que Machado hablara ante el Consejo, porque considera "que la OEA debe jugar un papel activo en el tema de Venezuela", y "seguir informada" sobre lo que ocurre en el país, como indica uno de los puntos de la declaración conjunta aprobada este mes.

"Pensamos que hasta ahora solamente hemos escuchado la posición del Ejecutivo a través del embajador (venezolano ante la OEA, Roy) Chaderton, y que hemos dictado una declaración, pero no hemos escuchado la versión de quienes protestan, que están indicando que ha habido una violación de los derechos humanos y no han querido asistir al diálogo" convocado por Maduro, apuntó Vallarino.

"Es bueno que la OEA escuche a la parte opuesta", añadió.

La práctica de que un embajador de la OEA ceda su asiento a otra persona se ha registrado en varias ocasiones en la historia de la organización, una de ellas tras el golpe de Estado en Honduras en 2009, cuando precisamente el embajador de Venezuela dejó su silla a Patricia Rodas, canciller del depuesto mandatario hondureño Manuel Zelaya.

Además de promover la visita de Machado, Panamá planea pedir próximamente "a la Secretaría General de la OEA que utilice una cantidad de los expertos y técnicos que tiene aquí en materia derechos humanos, de seguridad, de democracia, para rendir un informe, hacer un análisis sobre la situación venezolana", adelantó.

Ese análisis podría hacerse a través de las denuncias recabadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la observación de la situación desde la oficina de la OEA en Caracas, matizó. EFEUSA

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