Presentan una demanda contra la ley que criminaliza a indocumentados Arizona

Una coalición de 14 grupos cívicos de EE.UU. y diez individuos entablaron hoy una demanda contra las autoridades de Arizona para frenar la ley SB1070, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese estado, por considerarla "anticonstitucional".

La demanda ante un tribunal federal en Phoenix (Arizona), se produce en vísperas de la primera visita oficial a EE.UU. del presidente mexicano, Felipe Calderón, a partir de este miércoles, y en unos momentos de gran tensión entre ambos países por la ley SB1070, promulgada el pasado 23 de abril.

Tanto la ley como la demanda son síntomas de la inacción del Congreso respecto a una reforma migratoria que resuelva el problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos.

"Estamos presentando la demanda de mayor alcance contra esa ley de Arizona... para impedir que jamás entre en vigor", explicó en una conferencia telefónica con la prensa, Lucas Guttentag, director de asuntos migratorios de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU.

"Esta ley es vergonzosa y antiestadounidense, mina la seguridad viola la Constitución", denunció Guttentag, al considerar que los cambios efectuados a último minuto no corrigen los daños de la ley.

La ley SB1070 permite que la policía detenga a quienes sospeche que son indocumentados y criminaliza a quienes no porten documentos que comprueben su estatus migratorio.

Según los activistas, la SB1070 interfiere con la autoridad del Gobierno en asuntos de inmigración y viola una cláusula de la Constitución que establece la "supremacía" de las leyes federales respecto a las estatales; legaliza la discriminación racial, y viola el derecho a la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda.

"Esta ley extrema conducirá inevitablemente a la discriminación racial... el estatus migratorio no es algo visible, y esto pondrá a la policía en la imposible situación de determinarlo solo con ver a una persona", se quejó Nina Perales, una abogada de la organización hispana MALDEF en el suroeste del país.

Julie Su, directora de litigios del Centro Legal Estadounidense para la comunidad asiática-estadounidense, expresó optimismo de que la demanda tendrá éxito porque ningún gobierno estatal puede hacer sus propias leyes de inmigración y porque "la criminalización de todo un grupo... no es una buena política".

La demanda no busca compensación monetaria pero pide que el tribunal frene la puesta en marcha de la ley de Arizona para finales de julio.

Ya antes de que entre en vigor, la ley ha suscitado la repulsa de México y demás países latinoamericanos, mientras un creciente número de ciudades y organizaciones se suman a un boicot económico contra Arizona.

La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, y la ex candidata republicana a la vicepresidencia en 2008 Sarah Palin lanzaron el sábado una página web para apoyar la ley y para exigir el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

El Departamento de Justicia aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de diversos grupos para impugnar la ley.

La demanda, de 61 páginas, fue presentada en nombre de diversos grupos cívicos y defensores de los inmigrantes contra los fiscales y alguaciles de los condados de Arizona, incluyendo al alguacil Joe Arpaio, del condado Maricopa, ahora bajo una investigación federal por el presunto mal trato a inmigrantes indocumentados.

Diversos grupos cívicos protagonizaron sendas protestas en Washington y Nueva York para condenar la SB1070 y exigir una reforma migratoria integral.

En la de Nueva York, dos concejales y otras 18 personas fueron detenidas en el sector de Manhattan tras participar en actos de desobediencia civil.

En Washington, más de mil manifestantes acudieron a la sede del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para exigir además la anulación de la SB1070, un cese a las redadas y deportaciones.

La vicepresidenta de la Acción Nacional del Pueblo, que organizó la protesta en Washington, Emira Palacios, dijo a Efe que el presidente Barack Obama les hizo una "promesa de pasar la reforma migratoria en un año y no sólo no ha cumplido, sino que ha reforzado las políticas que Bush instituyó en su Administración".

por María Peña

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