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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Reforma Migratoria: Del dicho al hecho


WASHINGTON, D.C. - La semana pasada la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, refrendó su compromiso con una reforma migratoria amplia que ha tenido el apoyo de su colega republicano de Florida, Lincoln Díaz-Balart, quien anunció su retiro, pero espera, afirmó, que Pelosi lleve al pleno un proyecto de reforma migratoria integral.


Es más fácil decir que hacer.


Pelosi y el liderazgo demócrata cameral siempre se han escudado en que el Senado tiene que actuar primero.


Pero quienes esperamos a que el presidente del panel senatorial de Inmigración, Charles Schumer, senador demócrata de Nueva York, presente una medida, según él, de apoyo bipartidista, hemos tenido que buscar una silla porque de pie nos estamos cansando. La espera data desde su promesa de presentarlo el año pasado, en septiembre, para el Día del Trabajo.


Entendemos que es muy cierto aquello de que el hombre propone, y en este caso, las circunstancias políticas disponen.


Barack Obama propuso y prometió no sólo una reforma migratoria sino una de salud y muchas otras cosas en medio de una economía deprimida y lidiando con oposiciones republicanas y demócratas a cada paso. Si usted le pregunta a algún demócrata, sobre todo de la Cámara Baja, dirá que es Obama el que no ha enfrentado debidamente al Senado donde han ido a estancarse o a perecer medidas avanzadas en la Cámara de Representantes.


El Senado, a la mitad de febrero, sigue enfrascado en una pelea por la reforma de salud y ahora por un plan de estímulo económico y creación de empleos. Con todo, los grupos pro reforma siguen presionando y recordándole a los líderes las promesas formuladas en el 2008, y que este año hay elecciones de medio periodo.


Al tema migratorio lo rodean una serie de cálculos políticos, muchos desatinados, que entorpecen lo que debería suponer una buena oportunidad para hacer un bien social, para ayudar a nuestra economía, y para acumular preciados puntos políticos con una comunidad y un sector electoral, los hispanos, que pueden ayudarlos a mantener mayorías, en el caso demócrata, o a volver a la palestra nacional, en el caso republicano.


La Cámara Baja, con su mayoría demócrata sostenida en moderados y conservadores de la clase del 2006, frunce el ceño en año electoral, o no electoral, cuando se vislumbra la discusión de una reforma migratoria que algunos temen les cueste el escaño.


Y como en elecciones de medio tiempo el partido del ocupante de la Casa Blanca siempre pierde escaños, estarán tratando de minimizar el daño evitando lo que consideren controversial. El viernes un sondeo del Pew Research Center encontró que el sentimiento anti titular entre los votantes es similar a elecciones de medio periodo en 1994 y 2006, años en que el Congreso cambió de mando.


Quizá por eso Pelosi diga que apoya la reforma y que se opone a las redadas, pero hasta ahí.


Díaz-Balart, por su parte, es una anomalía dentro de su Partido Republicano, un legislador que ha dejado su marca en medidas migratorias y que ha apoyado la reforma migratoria integral.


Me pregunto si ahora que ya no busca la reelección y que no tiene ataduras, enfrentará a los recalcitrantes de su Partido Republicano en la Cámara Baja que han entorpecido un debate racional del tema migratorio y en el proceso han ofendido a la comunidad hispana; si ejercerá liderazgo para convencer a otros de apoyar una medida que no sólo llena necesidades humanitarias y familiares, sino que supone beneficios económicos para el país, y políticos para su partido.


Pelosi, la demócrata, dice que quiere la reforma migratoria, y Díaz-Balart, el republicano, dice que quiere trabajar este año para que Pelosi lleve esa reforma al pleno.


En teoría suena muy bien. Demostrar la voluntad política y el valor para ir más allá de las palabras y llevar la teoría a la práctica, sonaría mucho mejor.

Maribel Hastings
mhastings@americasvoiceonline.org
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