el colombiano

Rito macabro de los ‘paracos’

Un paramilitar colombiano reveló que en una matanza de más de medio centenar de campesinos en la aldea norteña de El Salado en el año 2000, mientras eran degollados los labriegos, sus verdugos tocaban tambores y gaitas.

“Mientras mataban, los otros, de puro ocio, tocaban gaitas, tamboras y violines. Eso fue durante la masacre que duró entre tres o cuatro horas”, precisó el mando desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El ex jefe paramilitar alias “Juancho Dique”, cuyo verdadero nombre es Uber Enrique Bánquez, insistió en su declaración a la justicia que, “mientras lo hacían, tocaban gaitas y tambores para entretenerse”.

“Lo que voy a decir es muy duro, pero es bueno contarlo. A algunas de las víctimas de la masacre de ‘El Salado’ las guindaron (colgaron) con cáñamos en los árboles, y las mataron con bayoneta. Fusiles que tenían bayonetas, y eran degolladas. Una de estas fue una niña que dijeron era la novia de ‘Martín Caballero'”, agregó.

“Martín Caballero” era el alias de Gustavo Rueda Díaz, abatido comandante del frente 37 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en esa misma región del departamento de Bolívar, norte del país.

“Juancho Dique”, que fue segundo comandante del frente “Héroes de los Montes de María” de las AUC aclaró, sin embargo, que no participó directamente en esos hechos y que los vio ejecutar a hombres del llamado “comandante Gallo”, un “subalterno de ‘Jorge 40′”, alias de Rodrigo Tovar Pupo, extraditado a Estados Unidos.

“Yo tenía otra misión, y no me responsabilizo de eso, pero sí lo vi, y me consta”, subrayó el desmovilizado.

El mismo ex comandante paramilitar también relató, como testigo, otra masacre en la localidad de Chengue, del municipio de Ovejas en el departamento de Sucre, vecino al de Bolívar, perpetrada el 17 de enero del 2001, y en la que fueron asesinadas 27 personas.

Las revelaciones de “Dique” fueron hechas en su audiencia en la Fiscalía en la ciudad de Barranquilla (norte), en el marco de la Ley de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilización paramilitar y por la que gracias a confesiones, éstos reciben beneficios como penas máximas de hasta ocho años.