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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Sistema biométricos en Venezuela

Los supermercados venezolanos tendrán operativo desde el 30 de noviembre próximo el sistema biométrico o de captahuellas dactilares con el cual el Gobierno busca anular el contrabando de productos de consumo básico y masivo, anunció hoy el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.

"El sector privado está muy de acuerdo (...); todos acordaron para el 30 de noviembre adoptar el nuevo sistema", aseguró Méndez en una entrevista en el canal caraqueño Televen de la red privada de televisión, en alusión a los dueños de los supermercados privados y a los administradores de los estatales.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien calcula que escapa a Colombia alrededor de un 40 % de la producción nacional o lo que importa para ser vendido a precios subsidiados, ha aumentado este mes su ofensiva contra el contrabando y Méndez remarcó hoy que "es un error" asociar este delito "solo a la frontera".

"También se realiza internamente" en las ciudades alejadas de las fronteras donde se multiplica el llamado "mercado negro" y donde se revenden a precios superiores los productos que escasean en los mercados regulares, destacó el funcionario.

El sistema biométrico o de captahuellas permitirá que cada venezolano "haga su compra semanal con un rango de compra bastante tolerante y amplio y así evitar que una persona compre hasta 20 veces" más de lo que necesite, sostuvo el funcionario.

Los críticos de las iniciativas gubernamentales contra el contrabando, la escasez y la especulación han recordado que al inicio del control de cambio que rige en Venezuela desde 2003 el Estado vendía 5.000 dólares a quienes viajaban al exterior y otros 3.000 dólares para compras a través de internet, y autorizaba hasta 500 dólares mensuales para cubrir remesas familiares individuales.

En la actualidad, cada beneficiario de remesas puede recibir un máximo de 166,66 dólares y no pueden ser más de tres personas, las compras por internet bajaron a 400 dólares anuales y a los viajeros hacia destinos próximos se les da solo 700 dólares también anuales.

Maduro dijo el miércoles pasado que su decisión de instalar un sistema biométrico o de captahuellas en las tiendas públicas y privadas constituye una orden "ya dada" a sus ministros del área de la economía y a la Superintendencia de Precios.

El jefe de Estado explicó que el sistema de uso de captahuellas es el mismo que utilizan las autoridades electorales para evitar fraudes con los votos, remarcó que ampliarlo ahora a los comercios "es una bendición" y que no duda de que "será un sistema perfecto".

Para la oposición política y económica el sistema equivalente a la tarjeta de racionamiento cubana, un sistema por el cual el Gobierno de la isla subsidia un consumo básico mensual a sus ciudadanos.

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