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Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Un novelón, el espionaje oficial a la familia del senador Petro

Un episodio confuso, de presunto espionaje oficial a la familia del senador opositor colombiano Gustavo Petro, cobra cada día visos de novela con revelaciones que involucran a militares, policías e incluso al presidente venezolano, Hugo Chávez.


La historia se inicia con el descubrimiento de dos militares activos merodeando la casa de la ex esposa de Petro, del Polo Democrático Alternativo (PDA), directora en Colombia de un movimiento afín al gobernante venezolano.


Los dos uniformados detenidos, según las informaciones iniciales, aseguraron pertenecer al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal).


Adriana, una hermana del legislador, señaló hoy en un comunicado que la familia Petro renuncia a los esquemas de seguridad y protección ofrecidos por el gobierno.


Un comunicado conjunto del Ejército y la Policía para aclarar la situación de los detenidos cerca al domicilio, paradójicamente, se sumó a los ingredientes de confusión.


Las dos instituciones intentaron explicar que los detenidos “realizaban actividades de verificación dentro de un proceso interno que adelanta el Comando” del Ejército.


El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, señaló públicamente que se buscaba establecer “la posible vinculación de miembros de las fuerzas armadas en retiro y algunos en actividad, y una señora alias ‘Andrea’, con los ‘Círculos bolivarianos’ que se están reuniendo aquí en Colombia”.


Los presuntos vinculados “son colombianos”, añadió Padilla de León, quien advirtió que no se sabe “que estén preparando atentados”.


El alto oficial consideró hoy, en declaraciones a varias emisoras, que realmente “fue una coincidencia torpe y desafortunada que suboficiales se encontraran merodeando la familia del senador”.


“Andrea”, cuya verdadera identidad es la de Marilú Serrano, es la ex esposa de Petro.

Serrano, también en declaraciones a emisoras, admitió su amistad con el presidente Chávez, negó estar involucrada en la formación de “grupos bolivarianos”, y señaló que es la presidenta del Instituto Bolivariano de Estudios Latinoamericanos (Ibel), que fomenta “la integración de los pueblos hermanos”.


Admitió que promueve la gestión de Chávez, pero “jamás” al margen de la ley.

Denunció, asimismo, que el seguimiento de la inteligencia del Ejército de Colombia lleva varios años y declaró también que no se irá del país, especialmente por sus dos hijos.


Petro, que fue guerrillero del desarticulado Movimiento 19 de Abril (M-19), por su parte, denunció un plan criminal contra él tras sus investigaciones y debates parlamentarios sobre los nexos de políticos, incluidos familiares del presidente Álvaro Uribe, con grupos paramilitares.


Un grupo de diez asesinos, con la mejor tecnología, está en Bogotá con la misión de matar al senador Petro, dijo el propio parlamentario el martes en una sesión en el Congreso.


El senador, de 48 años y economista, señaló también que entiende “las explicaciones de las Fuerzas Militares, pero no al gobierno” y subrayó que “a nadie se le puede perseguir por sus ideas políticas”.


Una cita prevista para este miércoles de Petro y el comandante del Ejército, general Mario Montoya, para recibir explicaciones por la presencia de los detenidos en proximidades al domicilio de su ex esposa e hijos, fue cancelada.


El martes, en el Congreso, el ministro de Interior y de Justicia, Carlos Holguín, dijo que para el gobierno, una de sus prioridades es la seguridad del senador Petro.

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