BREAKING NEWS
Incinerar basura, una condena de 30 años que expertos mexicanos buscan evitar Raúl Estrada México, 14 jun (EFE).- La quema de 4.500 toneladas de basura al día durante 30 años en la Ciudad de México no solo violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, sino convenios internacionales, advirtieron hoy expertos que rechazan una planta que tendrá esa misión. Y es que la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Veolia, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 estaciones del Metro a partir de la quema de 4.500 de las casi 13.000 toneladas de basura que genera la urbe. La termovalorización consiste en descomponer los residuos orgánicos a través del calor y, con el vapor producido, generar energía eléctrica. Los desechos restantes de la incineración se pueden emplear en la industria de la construcción. Raúl Sergio Cuéllar, director técnico de desechos sólidos en Ciudad de México de 1997 a 2005, explica a Efe que el concepto termovalorización es un eufemismo para no llamar a la quema de basura por su nombre: incineración. “México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas”, señala Marisa Jacott, directora de la organización Fronteras Comunes. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos. Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero (GEI), controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética. Estas plantas operan en muchas ciudades del mundo y “están sumamente controladas, vigiladas por las autoridades, para cumplir con todos los estándares y normas ambientales”, dice a Efe Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia México. El jefe de la Agencia de Gestión Urbana de Ciudad de México, Jaime Slomianski, quien no estuvo disponible para ser entrevistado por Efe, también ha defendido esta tecnología y asegurado que está respaldada por resultados ambientales satisfactorios en Europa y Asia. Sin embargo, en enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de GEI”. Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas denuncian que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente. El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, asegura que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero. “Lo dejaron pasar y hoy nos dicen: o mandamos la basura a quemar o se joden y la basura va a estar en las calles. El Gobierno de la Ciudad de México se está dando un tiro en el pie”, señala. Basura cero es un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que tiene como objetivo reducir la generación de basura y recuperar los materiales, en vez de eliminarlos. Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denuncia además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo -que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó (1985-2011)-, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se construirá la planta de Veolia, la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de GEI. “Si de todo eso no nos hacen caso aquí, iremos a tribunales internacionales y desde luego que nos lo van a conceder, va a quedar México en ridículo”, advierte Ojeda sobre los planes de los grupos ambientalistas para echar atrás el contrato para la construcción, operación y mantenimiento de esa instalación durante los próximos 33 años.

Uribe con mayor intención de voto

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, se mantiene a la cabeza en la intención de voto de los electores para los comicios del año próximo, en los que triunfaría con el 57 por ciento de los sufragios si finalmente puede optar a una segunda reelección, según una encuesta divulgada hoy en Bogotá.

El porcentaje, no obstante, es inferior en seis puntos al que Uribe, que sólo podrá concurrir mediante una nueva reforma constitucional, obtenía a comienzos del pasado octubre, según la firma responsable del sondeo, Ipsos-Napoleón Franco.

El estudio, con un margen de error del 3,1 por ciento, comprendió entrevistas a 1.010 ciudadanos en una treintena de centros urbanos del país y hace parte de una serie periódica realizada por la misma consultora para el grupo de radio y televisión RCN, y la revista Semana,

Según la consulta, en el segundo lugar de la intención de voto, con apenas el 9 por ciento, es para el senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), seguido del independiente Sergio Fajardo, con un 5 por ciento de los apoyos.

El cuarto lugar es para el ex ministro de Defensa Rafael Pardo, del también opositor Partido Liberal Colombiano (PLC), que este fin de semana lo designó como director único de la formación, en lugar del dimisionario ex presidente César Gaviria (1990-1994).

En el caso de que Uribe no pueda buscar una segunda reelección consecutiva, lo que depende de un referendo todavía no convocado, la mayor intención de voto es para Juan Manuel Santos, que ejerció como ministro de Defensa de agosto de 2006 a mayo pasado.

Santos, del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), que reúne a los seguidores de Uribe, alcanzaría el 13 por ciento de la intención de voto, con un solo punto de ventaja sobre Petro, antiguo rebelde del disuelto Movimiento 19 de Abril.

El tercer lugar en esta situación, con el 10 por ciento, lo comparten el independiente Fajardo y Andrés Felipe Arias, que fue ministro de Agricultura de agosto de 2002 a febrero de 2009 y que busca la candidatura oficial del Partido Conservador Colombiano (PCC), de la coalición en el poder.

Uribe sólo podrá presentarse a los comicios presidenciales de mayo y junio próximo mediante una nueva reforma a la Constitución, que fue enmendada en 2005 para facilitar la primera reelección del gobernante, en 2006.

Los seguidores de Uribe buscan introducir la nueva enmienda mediante un referendo, iniciativa que fue aprobada a mediados de este año por el Congreso.

La ley correspondiente está siendo sometida a un estudio de legalidad por parte de la Corte Constitucional, que tiene previsto adoptar un fallo a comienzos del año próximo

Acerca del Autor