Valerie Domínguez podría vestir de rayitas

Por préstamo irregular de Agro Ingreso Seguro

La ex reina de Colombia, Valerie Domínguez, y cuatro integrantes de la familia Dávila Jimeno, podrían pagar entre 3 y 6 años de cárcel por su responsabilidad en la obtención irregular de recursos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), a pesar que no aceptaron los cargos de los que les acusó el ministerio público en una audiencia celebrada el miércoles en Bogotá.

Los cuestionados empresarios rechazaron tajantemente los cargos de peculado y falsedad en documento privado que les imputa la fiscalía. En el caso de la ex reina, el delito se describió en calidad de tentativa. Ella dijo al salir de la audiencia que es inocente y que confía en la justicia colombiana.

Vale anotar que el proceso legal sigue su curso, a pesar que la cuestionada familia Dávila devolvió 2.415 millones de pesos recibidos del Ministerio de Agricultura para distritos de riego.

En la diligencia, se dijo que Juan Manuel Dávila Jimeno arrendó una finca a sus hijos, esposa y la ex reina Valerie Domínguez –novia de Juan Dávila Jr.-- para que todos recibieran subsidios de AIS.

Según la Fiscalía, en febrero de 2008 se firmaron los contratos de arrendamiento por la minucia de un millón de pesos mensuales a diez años, lo que desnuda a las claras que allí había gato encerrado.

Con esa maniobra el predio Campo Grande ubicado en Algarrobo (Magdalena), con una extensión de 1.242 hectáreas fue dividido en fincas de 98, 110, 130, 106 y 105 hectáreas, por cada uno recibieron subsidios por más de 500 millones de pesos en cada caso.

El fiscal dijo que al menos dos de los contratos fueron declarados inviables y semanas después fueron aprobados y firmados en tiempo récord.

Agregó que en las mismas reuniones fueron aprobados los proyectos, por lo que los funcionarios encargados podían detectar la división de los predios.

Igualmente dijo que tampoco se tuvieron en cuenta los topes máximos establecidos para cada predio.

Durante los próximos seis meses, los Dávila Jimeno y Domínguez no podrán vender ni enajenar sus bienes. Ahora, el fiscal Martín Moreno, de la Unidad Nacional Anticorrupción, quien está al frente del procedimiento, pedirá la medida de aseguramiento para los integrantes de la familia Dávila.

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