Defensoría venezolana denuncia creación de Estado paralelo

El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, denunció hoy que la oposición supuestamente está creando "órganos paralelos a las estructuras del Estado", después de que el Parlamento, de mayoría opositora, comenzara hoy el proceso para designar nuevos magistrados del Supremo.

"Usurpa funciones de autoridades públicas y estimula la conformación de órganos paralelos a los establecidos por el Estado", dijo Saab sobre la iniciativa del Parlamento que, en rebeldía por los supuestos abusos del presidente Nicolás Maduro y del Supremo, ha dicho que establecerá un "gobierno de unión nacional".

En una intervención conjunta con el contralor general, Manuel Galindo, Saab anunció que las instituciones que ambos encabezan han acordado "rechazar de manera contundente el procedimiento inconstitucional por el cual se pretende designar (...) los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)".

Saab hizo esta declaración en nombre del Poder Ciudadano, integrado por la Defensoría del Pueblo, la Contraloría (encargada de revisar las cuentas públicas) y la Fiscalía, cuya titular, Luisa Ortega, no es parte del pronunciamiento al haber seguido los pasos del Parlamento en no reconocer la legitimidad del Supremo.

La oposición venezolana inició nominación de los magistrados paralelos a los que están en ejercicio en el Supremo después de anunciar que más de 7,5 millones de ciudadanos votaran en contra del proceso constituyente activado por Maduro y a favor de la renovación de los poderes públicos, en una consulta celebrada el domingo.

"Hacemos una alerta no solo a la comunidad nacional, sino a la comunidad internacional sobre este lamentable y muy peligroso precedente", agregó Saab sobre la designación de jueces por parte del Poder Legislativo a pesar de la negativa del propio Supremo.

La participación en la consulta ha llevado a la oposición a activar una "fase superior" de la campaña de desobediencia civil para detener la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el Gobierno y forzar a Maduro a convocar nuevas elecciones.

Además de nombrar nuevos magistrados y de impulsar un "gobierno de unión nacional", la mayoría parlamentaria antichavista organiza para este jueves un paro general de 24 horas que cuenta con el apoyo de buena parte de la sociedad civil.

Esta asamblea constituyente debe ser elegida el próximo 30 de julio y es vista por la oposición y por otros sectores sociales como una estrategia del Gobierno para "consolidar una dictadura" a través de un cambio de la Carta Magna, lo que además, según el antichavismo, le evitaría al mandatario someterse a elecciones.